Aumentan requisitos para taxis ejecutivos y operdores

Por Shanik David

 

La cancelación del pago en efectivo para los servicios de taxi ejecutivo, así como el aumento de requisitos para los conductores, incluyendo la renovación semestral de sus cartas de antecedentes no penales, y la puesta a disposición de las autoridades de la información tanto de los chóferes como de los viajes que realicen los usuarios son algunos de los puntos de la iniciativa para reformar la Ley de Transporte del Estado de Puebla propuesta por el gobernador José Antonio Gali Fayad.

 

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, Julián Rendón Tapia, se trabajará a marchas forzadas para que esta legislación, que busca regular el servicio de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) se apruebe en el pleno la próxima semana, pues dijo que se trata de un tema “que abona a la seguridad de los ciudadano”.

 

Destaca que los ajustes propuestos sólo van sobre la operación de las empresas como Uber y Cabify sin que se hagan cambios sobre la forma en la que opera el transporte público convencional, lo cual ha generado críticas de parte de diferentes sectores.

 

Para los conductores

 

En cuanto a los requisitos para los chóferes de las ERT se hacen ajustes sustanciales como parar de pedirles licencia de conductor normal a una de servicio del transporte público y mercantil, se obliga a actualizar las constancias de antecedentes no penales cada seis meses y que presenten certificados de que han sido capacitados “en materia de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, por alguna institución oficial del Estado”.

 

Si bien anteriormente ya se tenía el requisito de que los conductores debían aprobar pruebas toxicológicas, psicológicas, psicométricas y socioeconómicas, éstas eran aplicadas por las empresas, y ahora se establece que tendrán que realizarlas instituciones públicas o privadas.

 

También se establece que las ERT deberán firmar contratos con terceros para que se haga “una búsqueda de antecedentes en bases de datos multijurisdiccionales públicas disponibles” de cada uno de los conductores para que éstos puedan brindar el servicio.

 

Para las empresas

 

En cuanto a las obligaciones directas de las empresas que operan estos servicios se indica que deberán pagar contribuciones y aportaciones al gobierno del estado, bajo la condición de que no hacerlo se le podría cancelar el permiso de operación en la entidad.

 

En el artículo 85 bis se establece que, al igual que los concesionarios y permisionarios del transporte público, las empresas de taxi ejecutivo deberán entregar a las autoridades estatales de manera mensual el registro que contenga los nombres y datos personales de los conductores, y aquellos chóferes que no aparezcan en estos listados no podrán operar; anteriormente este padrón se actualizaba de manera trimestral.

 

Uno de los puntos que llama la atención es que se indica que deberán “permitir a la Secretaría, el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistema de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios que demandan el servicio de transporte de punto a punto”.

 

Además se establecen de manera puntual los mecanismos de seguridad que deberán cumplir estas empresas, los cuales en la mayoría de los casos ya existían en algunas plataformas, como es brindar información detallada del chófer y la unidad al inicio del viaje así como la tarifa estimada, y se deberá dar información en tiempo real al usuario sobre el recorrido.

 

“Las Empresas de Redes de Transporte deberán asegurarse que se habiliten mecanismos para que, en cualquier momento durante el trayecto, el usuario pueda compartir, si así lo desea, información de su viaje, en tiempo real, con quien decida, a través de su dispositivo móvil”, se propone en la iniciativa del gobierno del estado.

 

Otra de las novedades planteadas es que las empresas deberán mantener un registro de cada uno de los servicios realizados por lo menos dos años, información que estará a disposición de las autoridades.

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