Por Shanik David
Aunque ya se cumplieron los seis meses que estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 10/2017 para que los tres niveles de gobierno diseñaran una estrategia conjunta para la atención de la contaminación del río Atoyac, hasta el momento no se tienen definidas de manera clara las acciones que emprenderán las autoridades.
Y aunque Melanie Gabriel Camacho, de Dale la Cara al Atoyac, justificó que esta falta de organización se puede deber a cuestiones burocráticas y a que se atravesó la contingencia del sismo del 19 de septiembre, indicó que seis meses no son suficientes para atender esta problemática.
Sin embargo, reconoció que sí ha habido omisiones de parte de las autoridades, en particular de los ayuntamientos, pues no se tienen buenos sistemas de gobernanza sobre el río, es decir no se cuenta con una organización para el manejo hidríco de la cuenca, además de que los propios alcaldes no saben qué hacer en ocasiones.
Por esta razón, consideró que “no estamos en el momento de meter a los alcaldes a la prisión”, esto a pesar de que ya la CNDH solicitó al Congreso del Estado que se iniciara un proceso en contra del presidente municipal de Huejotzingo por la falta de acción para atender el rio (https://goo.gl/u4E622).
En cambio, para María Eugenia Ibarrarán Viniegra, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga de la Universidad Iberoamericana, si bien es necesario primero capacitar a los funcionarios para que sepan cómo atender la contaminación del río, también es necesario que se apliquen sanciones por la falta de actuación.
“La voluntad política no es opcional, ellos ocupan un cargo público con responsabilidades, sí debe haber procesos para quienes no cumplan, por eso estamos en la situación en la que estamos, porque hacen cuanto pueden y cuanto quieren”, subrayó la académica.
Detalló que primero se deben garantizar operen de manera adecuada los sistemas para el cuidado y saneamiento del río, y ya cuando se tenga este mecanismo de gobernanza en funcionamiento si continúan las omisiones aplicar las sanciones que marca la ley.
Y es que la especialista subrayó que el tema no se debe quedar sólo en la construcción de más plantas de tratamiento, pues esto en ocasiones sólo se convierte en un negocio de parte de las autoridades, pues se gasta sólo en la instalación de estas pero no se destinan recursos para su funcionamiento.
