Por Alejandro Mondragón
Oooooooooooooooooootra vez la respuesta oficial del presidente Enrique Peña Nieto se queda en el lugar común: la promesa de evitar agresiones a periodistas hasta que haya otro asesinato y, sobre todo, en que nadie le cree su tolerancia a la crítica.
Lo peor es que Peña Nieto va con los gobernadores, principales perseguidores de periodistas en el país, para crear un frente que permita “un protocolo de operación a fin de coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos”.
Esto significa en términos periodísticos más bla, bla, bla, bla, bla y bla.
Qué miedo, Peña Nieto, qué miedo que la República del Poder insista en defender de dientes para afuera a los periodistas, cuando en realidad busquen una corte de aduladores de la pluma, el micrófono y la imagen.
La ecuación es simple, presidente, gobernadores y presidentes municipales de todo el país:
¿Quieren velar por la libertad de expresión?
1 Cancelen esas ridículas reuniones entre gobernantes, dueños de medios de comunicación y periodistas para “celebrar la libertad de expresión”. Que el 7 de junio se ejerza, no festeje.
2 Ordenen el retiro de todas las demandas legales promovidas por gobernantes, contratistas y amigos contra periodistas y comunicadores por ejercer la crítica. Peña Nieto debería de empezar por el caso de Carmen Aristegui, víctima del acoso institucional.
3 Resuelvan la suspensión de auditorías contra periodistas y medios de comunicación, hechas a través del SAT u órganos de fiscalización local, ordenadas para controlar la crítica de medios. En caso de que existan evidencias de anomalías, se cumpla con lo que marque la Ley, no incurran en terrorismo fiscal.
4 Transparenten cada peso que se ejerce en imagen, exhiban a qué empresas financian, porque muchas de ellas pertenecen a voceros o funcionarios de los propios gobiernos que usan a esos medios para enriquecerse.
5 Desmantelen la red de bots o troles que usan desde las oficinas de prensa para atacar, acosar y descalificar a periodistas en redes sociales.
Se trata de entrar a un esquema de normalización periodística en México. De nada servirán las acciones de protección de la vida de los periodistas si en los gobiernos federal, estatal y municipal existen funcionarios que, salvo su corte de lambiscones, acosan y defenestran medios críticos para ocultar sus pillerías.
En Puebla, para muestra dos botones: el jefe de la Oficina del Gobernador, Javier Lozano Alarcón, y el coordinador de la agenda digital, Marcelo García Almaguer, dos tipos que viven para restar, dividir, odiar y mamar.
