Por Valentín Varillas
Los focos rojos se prendieron cuando al escritorio del Secretario General de Gobierno llegó el documento que contenía un análisis realizado por los asesores jurídicos de la dependencia, sobre el proceso legislativo que se siguió en contra del ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera.
Después de un estudio minucioso de los principales elementos tomados en cuenta para proceder a la inhabilitación y la determinación de la multa económica en contra del panista, la conclusión no pudo ser peor para los intereses del morenovallismo: “esto no resiste el menor análisis, desde el punto de vista legal”.
De inmediato, Diódoro Carrasco buscó a David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del estado, para darle a conocer su opinión sobre el tema.
Después de explicarle lo que habían hecho sus abogados, lo que habían encontrado y la resolución final a la que habían llegado, Villanueva lo paró en seco: “Son órdenes y punto: la estrategia sigue tal y como se planteó desde el principio. El tiempo aquí es lo más importante”.
Al encargado de la política interna poblana le preocupaban, sobre todo, aquellos señalamientos en contra de la administración de Rivera Pérez que conllevan una responsabilidad conjunta con instancias del gobierno estatal, sobre todo en lo que se refiere a la realización de obra pública.
Su angustia no encontró eco.
A la par, el líder del congreso, Jorge Aguilar Chedraui, el moderno prócer de la cruzada anti-corrupción oficial, señalado recientemente por desviar 400 millones de pesos de la Secretaría de Salud en tiempo récord, hacía llamadas obsesivas a personajes de primer nivel de la política local para obtener de ellos la promesa de hacer pronunciamientos públicos a favor del proceso.
“¿Por qué no te has subido a madrear a Lalo?”, cuestionaba.
Y presionaba también, poniendo en duda la lealtad de sus interlocutores utilizando aquel trillado argumento que apela al “momento de las definiciones”.
Aguilar Chedraui tocó la puerta más alta en el organigrama del poder político poblano y le dieron en la nariz.
Así de claro, así de contundente.
La estrategia mediática buscaba contrarrestar el unánime respaldo que Rivera Pérez ha encontrado en los más importantes liderazgos nacionales al interior del PAN, manifestado en contundentes mensajes en redes sociales y en entrevistas sobre el tema.
La preocupación y el cabildeo confirman lo que se niega obsesivamente en el discurso: se trata de un asunto político y no de combate a la corrupción ni de rendición de cuentas.
De no ser así, habría completa y absoluta tranquilidad entre quienes recibieron la orden del ex gobernador Moreno Valle de operar la consigna.
Juran y perjuran que se han apegado estrictamente a derecho en su actuar, lo que serviría para tener acallada su conciencia.
Es evidente que, de ser precisas las conclusiones hechas por los asesores jurídicos de la SGG, Eduardo Rivera Pérez tiene enormes posibilidades de ganar los procesos legales que el Congreso poblano ha cuadrado en su contra, una vez que acuda a las instancias a las que por ley tiene derecho.
Sin embargo, el fallo legislativo y la consecuente madriza mediática en su contra, cumplirán con el objetivo inmediato de pretender eliminarlo del reparto de candidaturas en el 2018 y de paso, afectar las aspiraciones de Josefina Vázquez Mota en el proceso del estado de México.
Lo que hoy no toman en cuenta es el riesgo que corren de hacer un enorme ridículo en un no muy lejano futuro.
¿Qué dirán si el fallo de la justicia federal y de otras instancias no los favorece?
¿Cómo podría este escenario afectar para siempre la vigencia del morenovallismo como corriente de peso en Acción Nacional?
Hoy, lo único que parece importarles es hacerle el caldo gordo a los intereses del presidente Peña y sentar las bases para mantener el control político de Puebla, por los siglos de los siglos.
