Por Valentín Varillas
De acuerdo con el primer discurso del gobernador Gali, la seguridad pública ocupará un lugar de altísima prioridad en su breve administración.
Se trata, sin duda, de la principal preocupación de los poblanos, que hemos visto en los últimos años un crecimiento importante en la comisión de varios delitos, sobre todo aquellos que mayor daño hacen al tejido social.
Sin embargo, entre el decir y el hacer, puede haber una diferencia enorme.
El nombramiento de Jesús Morales Rodríguez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha generado inquietud y preocupación en varios sectores y grupos de influencia en el estado, quienes coinciden en que no se trata del mejor perfil para plantarle cara a la delincuencia y enfrentarla con toda contundencia.
No se equivocan.
El paso de este personaje por algunos cargos de la administración pública poblana, justifica la alarma.
Por ejemplo, como director de Seguridad Vial Estatal en el sexenio de Mario Marín Torres.
Desempolvando archivos personales me encontré con auténticas historias de terror, publicadas en su momento en este mismo espacio y que, para desgracia de todos nosotros, podrían volver a repetirse.
Y es que, Chuchito, al interior de aquella corporación, le dio forma a una compleja red de complicidades y amarres muy rentables para él y a sus incondicionales.
Uno de ellos, Humberto Alan Ibarra Meza, el famoso “Mata-Valets”.
Al interior de Seguridad Vial estatal, además de subdirector, Ibarra asumía funciones de un supervisor general, puesto que ni siquiera existía en el organigrama de la dependencia, pero que le redituaba jugosas ganancias al mantener el control absoluto de varias delegaciones al interior del estado.
Esto les permitía el control de diez motos y diez patrullas por turno, exigiéndole a cada uno de los elementos asignados a estos vehículos una cuota diaria de mil pesos de aquel entonces, lo que generaba ingresos adicionales de cerca de 40 mil diarios.
Pero además, este grupo implementó un novedoso esquema de “veladas” para designar patrullas que por obligación tenían que detener entre 10 y 15 automovilistas por turno, en vialidades tradicionalmente transitadas por etílicos noctámbulos, como el Periférico, el Boulevard Forjadores y la Recta a Cholula.
Esta chamba extra, reportaba ingresos de cerca de 45 mil pesos.
La colocación de cuates en puestos estratégicos de la corporación es un asunto clave para entender el tamaño del negocio.
Por ejemplo, presionaron con todo hasta lograr la designación de Jorge Osorno como titular del departamento de Peritos de la Dirección de Seguridad Vial estatal.
Osorno había sido el encargado de los accesos a las oficinas de la SCT y su tarea principal ahí era reportarles a sus superiores una cuota diaria por concepto de accidentes de 10 mil pesos.
Armando Alvarado, subdirector de delegaciones de la dependencia fue clave también en la operación de esta muy rentable red de complicidades.
Este individuo se encargaba del cobro de cuotas a los delegados recién nombrados al interior de la corporación: 50 mil pesos por el nombramiento y cuotas de entre 5 y 10 mil pesos mensuales dependiendo de lo rentable de la delegación.
Alvarado también pedía a los elementos cantidades que van de los mil a los 2 mil pesos por autorizar cambios de adscripción de delegaciones, dependiendo también de lo rentable de la misma.
Además, al personal operativo que quería ir comisionado a la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla, Armando Alvarado les cobraba 5 mil pesos a los agentes de a pie y 10 mil a los motociclistas y patrulleros.
La protección a transportistas de gremios considerados como de alto riesgo fue fundamental también para generar ingresos.
De eso se encargaba el comandante Manuel Martínez Paz, quien era secretario particular de Morales Rodríguez.
Refresqueros, gaseros y materialistas, entre otros, le reportaban a la corporación ingresos del orden de los 30 mil pesos mensuales para no ser molestados en su tránsito por la siempre complicada red de carreteras estatales.
Pero eso no es todo.
Una de las partes más rentables del negocio era el control de corralones.
Esto convierte a seguridad vial estatal una verdadera mina de oro.
El comandante Gabriel Vega era el responsable de desvalijar autos que no eran reclamados con prontitud por sus desafortunados dueños, para vender las piezas en el mercado negro de autopartes, sobre todo en establecimientos de la 46 Poniente.
En algunos casos, se vendieron también unidades completas que ingresaron al corralón y que llevaban mucho tiempo ahí.
¿Cómo ve?
¿Cuántas de estas prácticas, toleradas y fomentadas en el marinismo, se repetirán en este gobierno?
¿Cuántos de estos nombres no veremos nuevamente ocupando puestos clave en el organigrama de la SSP?
Sí, para desgracia de los poblanos, parece que la historia es cíclica y los desenlaces se nutren de impunidad.
Los compromisos políticos parecen pesar más que los que se contraen con los ciudadanos.
Nada cambia.
