Por Valentín Varillas
Convencido que el tema de la seguridad pública será uno de los grandes retos a enfrentar, el gobernador electo de Puebla ha decidido que un miembro de las fuerzas armadas nacionales sería el perfil ideal para encabezar la SSP estatal en su gestión.
Impensable que un personaje como Alejandro Santizo, a quien Gali padeció en su paso por la alcaldía, fuera considerado seriamente para el cargo.
El inexplicablemente todavía titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fue en los hechos una imposición del gobierno del estado, a través de la figura de Facundo Rosas Rosas.
¿El resultado?
Un auténtico desastre.
Lo que menos quiere el próximo mandatario estatal es un escenario similar al inicio de su gobierno, mucho menos en un asunto que se ha convertido en la principal preocupación de los poblanos.
Para no equivocarse en la designación, Tony ha optado por seguir la misma estrategia que en su momento llevó a cabo Rafael Moreno Valle: consultarle al presidente.
Y es que, una de las primeras acciones que tomó Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador electo del estado de Puebla fue la de pedirle al presidente Calderón que propusiera a quien en su opinión cubría el perfil ideal para encargarse de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en el próximo sexenio.
Pragmático como siempre y conocedor de la importancia que para Calderón tenía el que los estados de la República se sumaran incondicionalmente a la estrategia ensayada para combatir a la delincuencia, solicitó de inmediato la línea presidencial.
El jefe del ejecutivo federal, a su vez, le pidió a uno de sus hombres de mayor confianza, Eduardo Medina Mora, que le diera forma a la propuesta.
El ex embajador de México en el Reino Unido y ex Procurador General de la República no lo dudó ni un minuto.
Pensó de inmediato en un poblano, incondicional suyo, con el que había trabajado ya de 2000 a 2005 cuando fue Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
En ese período de tiempo, Ardelio Vargas se desempeñó como Director de Seguridad e Investigación del CISEN y consolidó una relación muy cercana y de confianza con él.
El palomeo desde lo más alto llegó y fue entonces cómo -más allá de un asunto de inclusión y pluralidad, como se quiso vender- Ardelio resultó ser el “más indicado” para operar en Puebla las estrategias integrales de seguridad y combate a la delincuencia dictadas desde la Federación.
Muy poco duró el efecto de la recomendación.
Los resultados fueron a todas luces negativos.
Vargas Fosado se vio envuelto en varios escándalos, gracias a su incontrolable vena represora.
El “fuego amigo” le atizó con todo y el regreso del PRI a Los Pinos a finales del 2012 fue su válvula de escape.
La titularidad del Instituto Nacional de Migración se convirtió en la vía rápida para seguir viviendo del erario.
Hoy, se ensayará la misma logística esperando un desenlace distinto.
La baraja de personalidades que rodean al ejecutivo federal en el tema de la seguridad pública han cambiado diametralmente en este lapso de tiempo.
Algo, sin embargo, sigue igual: el fracaso de la estrategia nacional en el combate a la delincuencia.
La recomendación presidencial, sobra decirlo, no es garantía de éxito, al contrario.
Empero, el manual de la cortesía y conveniencia políticas dicta que este es el mejor camino a seguir.
No hay más.
El reto es enorme, del mismo tamaño de las expectativas que ha generado la continuidad del morenovallismo en el gobierno del estado.
A ver cómo nos va.
