Con violaciones graves al debido proceso, carencia de pruebas concretas en su contra y abusos de autoridad fueron detenidos siete jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes pasaron más de 19 horas recluidos en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia.
El arresto de los jóvenes, que se dio desde la madrugada del viernes pasado, generó una grave molestia entre la comunidad universitaria que derivó en la toma de la rectoría de Ciudad Universitaria.
Ante las irregularidades del caso, los defensores de los universitarios anunciaron que mantendrán una vigilancia cercana al desarrollo del proceso legal, además de que acudirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir se investigue el caso, ante una posible omisión de parte del organismo estatal.
Fue alrededor de las 4 de la mañana del viernes cuando elementos de la policía ministerial realizaron tres cateos en domicilios de los jóvenes, a los cuales irrumpieron haciendo uso de la fuerza para detener a Juan Carlos Tepole Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalona.
Carlos Arafat Rosas Burgees, estudiante de Sociología e hijo de un académico de la universidad, relató que los uniformados no se identificaron cuando ingresaron al domicilio donde vive con sus padres; explicó que a él lo encañonaron mientras que a su padre lo amagaron.
Fue después de media hora que los policías realizaban el cateo de su domicilio que se les presentó una orden por medio de la cual buscaban supuestos elementos explosivos, los cuales no fueron encontrados en el lugar.
Pese a esto fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia, donde vio que habían detenido a seis de sus compañeros, con quienes no tuvo oportunidad de hablar pues fueron separados e incomunicados; y fue hasta después de las 2 de la tarde que los abogados del Comité por la Liberación de los Presos Políticos pudieron irrumpir en los interrogatorios para brindar apoyo a los jóvenes.
Rosas Burgees señaló que como parte del interrogatorio se les cuestionó sobre si tenían conocimiento de cómo hacer bombas caseras o molotov, y qué habían hecho el 27 de marzo por la madrugada, sin embargo no se les notificó la razón de su detención o de qué se les acusaba.
Añadió que si bien sí llegaron abogados de la BUAP para ofrecer su apoyo a los jóvenes, ellos optaron por la asesoría de la abogada Marely Vélez y Hokabert Quiterio, quienes ya han apoyado en casos anteriores a algunos de los presos políticos.
A pesar de su liberación, el joven estudiante aseguró que él y sus compañeros temen por su seguridad y su libertad, pues aunque saben que no han hecho nada malo están conscientes de que en Puebla la ley no está del lado de la verdad.
Toman rectoría
Mientras los siete jóvenes sufrían los abusos al interior de la PGJ sus padres y compañeros realizaron una movilización a las afueras del mismo inmueble, desde donde denunciaron los hechos cometidos en su contra.
Miguel Ángel Burgees, padre de Carlos Arafat, denunció públicamente que en sus 62 años de vida nunca había visto actos tan represivos como los cometidos durante la administración de Rafael Moreno Valle, y acusó la política autoritaria de la administración estatal.
Ante la falta de información sobre la situación jurídica de los estudiantes, universitarios, integrantes del Frente Estudiantil para una Educación para Todos, realizaron una asamblea y toma simbólica de la rectoría de Ciudad Universitaria.
Ante esto, los elementos de seguridad de la BUAP blindaron todos los accesos al campus universitario, evitando el ingreso de cualquier persona al lugar, por lo que se temió que esto fuera la antesala para un acto de represión en contra de los manifestantes.
Fue un grupo de alrededor de 25 jóvenes quienes tomaron la oficina del rector Alfonso Esparza Ortiz, quien al momento de la toma, alrededor de las 4 de la tarde, no se encontraba en el lugar.
Los jóvenes, que se taparon la cara ante el temor de represalías, señalaron que su exigencia era la liberación de sus compañeros, la apertura de espacios para los cursos de capacitación para los estudiantes de nuevo ingreso y el esclarecimiento de la agresión que sufrieron el 8 de febrero los universitarios que realizaban un plantón en el zócalo.
La toma simbólica duró poco menos de cuatro horas, tiempo durante el cual otro grupo de estudiantes realizó una asamblea frente al recinto en la cual se determinó hacer una segunda movilización este martes 9 de junio, además de que se tomarían imágenes y vídeo para tener pruebas concretas de que durante la toma no se hicieron afectaciones al edificio, ante la posibilidad de que se les quieran imputar faltas a los manifestantes.
Presentarán queja
El sábado alrededor de las 2:40 de la mañana los siete estudiantes fueron liberados “con reservas de ley”, por lo que se les exigió que no dejen la ciudad y que estén “disponibles” en caso de que se requiera su presencia una vez más ante la Procuraduría.
Sin embargo, ante las anomalías del caso, la abogada Marely Vélez señaló que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues aunque los jóvenes fueron visitados por representantes de la comisión estatal, hubo irregularidades en su actuar que no generaron confianza.
Narró que el visitador primero tomó la declaración, datos y fotografías de los jóvenes con una apartente apertura, e incluso elaboró tres expedientes de queja para su análisis; sin embargo, funcionarios de la PGJ se acercaron a él, le dijeron algunas cosas y de pronto el actuar del representante del ombudsman cambió, y refirió que todas las quejas podrían ser presentadas posteriormente.
Aunque evitó acusar una posible colución entre los policías ministeriales y la comisión estatal, aseguró que “es un tema de protección de intereses”, por lo que buscarán el apoyo del organismo nacional.
Agregó que la falta de la cual se les acusó a los estudiantes fue “tentativa de daño a propiedad ajena”, y que sólo cuatro de ellos quedaron en calidad de indiciados y tres de ellos de testigos.
Sin embargo, apuntó que las pruebas que se presentaron en contra de los jóvenes, que constan en la Averiguación Previa 220/2015 son demasiado vagas como para concretar una imputación formal.
Dentro del expediente se indica que la investigación se abrió por una “carta anómina” que fue recibida en la PGJ, en la cual un supuesto estudiante aseguraba haber escuchado a cuatro de los jóvenes detenidos hablar de las explosiones que se habían registrado; esta misiva estaba redactada a maquina de escribir en una hoja blanca.
Otras pruebas eran las impresiones de pantallas de portales en las que grupos subversivos hacían alusión al artefacto explosivo que fue aventado a las oficinas del INE el pasado 27 de marzo, hecho por el cual supuestamente se le acusaba a los estudiantes; también se tenían imágenes de cámaras de vigilancia del instituto electoral en el cual se veían dos figuras de dos varones como responsables del explosivo pero sin que se pudieran identificar a los responsables.
